Originalmente publicado en El Debate de Hoy

Nicolás Maduro desde hace tiempo es un dictador. Él mismo se ha autodenominado así. Su nueva decisión, convertida en acción, ha sido la de convocar una asamblea constituyente que acabe con el hilo constitucional establecido en la Constitución de 1999. El problema es mucho más complejo de lo que parece porque deja de lado todo el aparato del Estado.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se blinda en sí misma. Los artículos sobre la Asamblea Constituyente obligan a que sea el pueblo de Venezuela el que apruebe esa asamblea mediante referéndum. El articulado que va desde el 347 al 349, es muy claro del procedimiento de esa asamblea, cosa que Maduro conoce y que los juristas que le acompañan, también. Se ampara en el texto que está en el artículo 348 cuando dice: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; (…)”. Lo que no hizo Maduro fue solicitar al poder Electoral la convocatoria de un referéndum para aprobar esa iniciativa. Fue, sin duda un arrebato populista que, si se baja en el propio articulado, podría ser desobedecido por el pueblo aplicando en sus manos el 350, que invita a la desobediencia civil.

Una decisión que puede ser una huida hacia delante, así lo interpretan algunos abogados. Con manifestaciones en las calles desde hace un mes, con el señalamiento internacional ante sus desmanes, con las espaldas de muchos de los países del continente latinoamericano que otrora fueran aliados, la fuerza institucional del gobierno de Maduro, hace aguas. Y, las hace porque no tiene sustento en nada más que las bravuconerías que le salen por la boca.

Vamos por partes. El chavismo se erigió como poder político luego de que Hugo Chávez ganara las elecciones presidenciales en diciembre de 1998. En la jura del cargo manifestó que: “Juro delante de mi pueblo y sobre esta moribunda Constitución que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”.

Ese juramento se satisfizo en un primer momento con la llamada a una asamblea nacional constituyente que redactó el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que rige los destinos del país caribeño desde 1999.

Lo que no pudo hacer Chávez era que la asamblea fuese solamente del pueblo, sin opositores que velaran porque el texto fuera un documento de Estado al estilo de Chávez. La constitución le quedó bastante apegada a su pensamiento revolucionario de izquierda, pero tenía muchas posibilidades de que la oposición pudiera maniobrar con inteligencia y sentido de la unidad.

Los años pasaron, Maduro sucedió a Chávez y la asamblea nacional fue ocupada, como era de esperar, por la oposición. Único reducto de sensatez y, a la vez, oportunidad para consolidar un poder que le hiciera balance a los desmanes del chavismo. Desmanes conocidos, pero que es bueno enumerar para que el lector recuerde lo que se está viviendo en Venezuela. Se ha pasado por una serie de expropiaciones que desmontaron el aparato productivo, hay problemas de suministro de alimentos y medicinas en parte porque el propio aparato productivo es incapaz de satisfacer la demanda interna y, por otra parte, porque la dependencia del petróleo hace que los vaivenes de los precios del crudo afecten los ingresos del Estado, ergo del gobierno y sus dádivas permanentes para la compra de conciencias.

Por otra parte, el gobierno mantiene un toque de queda civil con la criminalidad desatada en las calles. Las cifras de asesinatos alcanzan la friolera de uno cada 20 minutos, lo que explica tasas de 25 mil muertes por armas de fuego en Venezuela cada año.

¿Qué busca Maduro?

Maduro ha otorgado poderes especiales al Tribunal Superior de Justicia para que hagan las leyes, en sustitución de la Asamblea Nacional, cosa que ha airado a la oposición en esa asamblea y la ha llevado a las calles secundada por los ciudadanos que se sienten y saben opositores al régimen y le ha granjeado tener que recular su decisión, máxime cuando la Fiscal General de la República le ha advertido que sus acciones van en contra de la Constitución y las leyes.

Maduro busca el respaldo del pueblo chavista, ese que se ha vivido al gobierno con las misiones, dádivas milagrosas que permiten vivir sin trabajar a cambio de lucir una camiseta roja en las concentraciones de apoyo al chavismo, o en ocasiones especiales en las que se necesita de una marea roja de simpatizantes.

Con ese pueblo chavista, que no sabe otra cosa que velar por los intereses de los mandatarios colorados, es que Maduro va a redactar su nueva constitución. Una constitución hecha a la medida del dictador, del nuevo, que será escrita por 500 miembros de los poderes comunales, especie de soviets que darán pie a una nueva estructura de poder.

Busca el dictador que los militares afectos al régimen, que son muchos y que se han vivido al régimen como pachás, se mantengan a su lado, siempre con la complicidad del pueblo chavista, a pesar de las muchas protestas de los ciudadanos opositores y de los diputados que los representan en la hoy deshonrada y eliminada de los poderes públicos, Asamblea Nacional.

Si se piensa con calma, podría parecer que Maduro huye con las armas cargadas hacia delante. Disparándole al Estado, a los poderes públicos, a la paciencia mermada de los venezolanos, ante el estupor de la comunidad internacional. ¿La última barbaridad?